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Protección a Víctimas y Testigos

Antecedentes

Considerando que la Constitución reconoce que la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado y que tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos, el Código Procesal Penal que estaba vigente a través de Decreto Legislativo No.241 de febrero de 2001 consideraba dentro de sus articulados la protección de testigos y peritos en el país, sin embargo dada la realidad salvadoreña, se demanda fortalecer dicha protección para las víctimas y testigos que intervienen en la investigación de un delito, para evitar que se vulneren sus derechos; por tanto la Asamblea Legislativa a través de Decreto Legislativo No. 1029 emitido el día  26 de abril de 2006, decreta la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos.de igual forma emitió los decretos No.1030 el día 26 de abril de2006, de  reformas a la ley orgánica de comisión  coordinadora del sector de justicia y de la unidad técnica ejecutiva, decreto No. 1031 reformas al código penal, decreto No.1032 reforma a la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, decreto No.1033 reforma a la ley contra el lavado de dinero y de activos.

Se ha trabajado en el fortalecimiento legal  de la protección a víctimas y testigos la comisión coordinadora del sector de justicia aprobó 26 de julio de 2006 el programa de protección de víctimas y testigos donde se establece toda las estrategias del funcionamiento. con el afán de desarrollar la ley especial de protección de víctimas y testigos se emite el decreto ejecutivo No.89 donde se aprueba el reglamento de ley antes citada y a nivel internacional se tiene aprobado el convenio centroamericano para la protección de víctimas y testigos, peritos y demás sujetos que intervienen en la investigación y el proceso penal, particularmente en la narcoactividad y delincuencia organizada el día 11 de diciembre de 2007 y ratificado por decreto legislativo No.717 el día 2 de octubre de 2008 el cual está en espera de la ratificación de 2 de los países firmantes del convenio para su aplicación.

Objeto de la Ley

El objeto de la Ley es regular las medidas de protección y atención que se proporcionan a las víctimas, testigos y cualquier otra persona que se encuentra en situación de riesgo o peligro, como consecuencia de su intervención en la investigación de un delito o de un proceso judicial.

Organismos competentes

La Ley establece que el ente rector del Programa de Protección de Víctimas y Testigos es la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, que a su vez delega la administración del Programa de Protección de Víctimas y Testigos a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, quien tiene la atribución de recibir las solicitudes de protección, identificar e implementar las medidas de protección y atención a los testigos, así como de encomendar, si fuere procedente, la ejecución material de las medidas de protección al División de protección de víctimas y testigos  de la Policía Nacional Civil.

De acuerdo a la Ley la Unidad Técnica estará apoyada por Equipos Técnicos Evaluadores, los cuales estarán integrados por un abogado, un psicólogo, un trabajador social y un representante de la Policía Nacional Civil del nivel ejecutivo. A estos les corresponde emitir dictámenes en los que recomiendan las medidas de protección y atención que consideren técnicamente convenientes para los testigos.

Evolución

A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Protección en septiembre de 2006, el Programa inicia sus operaciones con dos equipos técnicos evaluadores, ubicados en la zona central, atendiendo las solicitudes de protección a nivel nacional, pero dado el nivel de solicitudes y la creciente demanda del servicio se ha venido desarrollando y fortaleciendo dicho Programa.

En la actualidad se cuenta con seis equipos técnicos evaluadores, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: tres equipos técnicos atienden la demanda de solicitudes de protección de la zona central del país, dicho equipo está ubicado en el departamento de San Salvador; un equipo técnico con sede en el departamento de Santa Ana atiende la demanda de solicitudes de la zona occidental; otro equipo técnico con sede en San Miguel, atiende la zona oriental; finalmente un equipo técnico con sede en la ciudad de Cojutepeque, atiende la zona Paracentral del país.

 

Medidas de protección

La ley establece tres tipos de medidas de protección, las cuales se definen a continuación:

 

Ordinarias

Son las acciones encaminadas a preservar la identidad y localización de las personas protegidas. Algunas de las medidas que se pueden mencionar son:

(a) Que en las diligencias de investigación administrativa o de carácter judicial, no consten los datos generales de la persona protegida, pudiendo utilizar para referirse a ellas cualquier otra clave.

(b) Que las personas protegidas comparezcan para la práctica de cualquier diligencia, utilizando las formas o medios necesarios para imposibilitar su identificación visual.

(c) Que se impida que la persona sea fotografiada

(d) Que la persona protegida rinda su testimonio en ambientes no formales, ni hostiles, y que se grabe su testimonio por medios audiovisuales para facilitar su reproducción en la vista pública cuando sea necesario o la persona no pudiere comparecer.

 

Extraordinarias

Son las acciones que brindan seguridad integral a las personas protegidas, de manera temporal o definitiva, por condiciones de extremo peligro o riesgo. Algunas de las medidas que se pueden mencionar son:

a) Brindar seguridad policial

(b) Proporcionar residencia temporal en albergues o lugares reservados

(c) Facilitar el cambio de residencia, lugar de trabajo o centro de estudios

 

Medidas de atención

Las medidas de atención son aquellas acciones complementarias destinadas a preservar la salud física o mental de las personas protegidas, a satisfacer sus necesidades básicas y a proporcionarles asesoría jurídica oportuna. Algunas de las medidas que se pueden mencionar son:

(a) Proveer atención médica y psicológica de urgencia

(b) Proporcionar los recursos necesarios para el alojamiento, alimentación y manutención, siempre que tales recursos no consista en dinero en efectivo.

(c) Brindar apoyo para la reinserción laboral o escolar

(d) Otorgar asesoría jurídica gratuita.

 

Urgentes

Son las medidas ordinarias y extraordinarias que se aplican de manera inmediata y provisional, de acuerdo al riesgo o peligro, y que se brindan mientras se resuelve sobre la aplicación definitiva de las mismas.

Aún y cuando el periodo del informe es de junio 2010 a mayo 2011, es importante destacar el comportamiento de las solicitudes de medidas de protección recibidas desde la entrada en vigencia de la Ley Especial de Protección de Víctimas y Testigos.


Es importante destacar que el otorgamiento de estas medidas conlleva una fuerte inversión en recursos, ya que para proveer alimentación diaria y un techo para el resguardo de las personas que están bajo la protección del Programa y que se encuentran en casas de seguridad o albergues administradas por la Unidad Técnica Ejecutiva, se destina arriba del 62% de los recursos financieros disponibles para la contratación de bienes y servicios.

También es de destacar que a las personas bajo resguardo se les ha hecho entrega de ropa y medicinas; se ha hecho entrega de kits maternales a aquellas madres que han dado a luz siendo parte del Programa, con productos como pañales, pijamas, gorros, calcetines, ropa interior,  bañeras, pachas, entre otros productos; se equipa las casas de seguridad con lo mínimo necesario como camarotes, colchonetas, sillas y mesas plásticas, televisor; además a los albergues se les ha equipado con cocina, refrigeradora, lavadora y sala.

 

Convenios

Para el funcionamiento del Programa se ha hecho necesario la firma de convenios o las coordinaciones interinstitucionales con entidades públicas y privadas, con el fin de volverlo eficiente en la protección y atención de testigos.

Es importante destacar entre estos el convenio con la Policía Nacional Civil, a la cual se le hacen transferencias de dinero para el pago del personal Supernumerario contratado por ellos para brindar la protección policial de las víctimas y testigos ya sea en su lugar de residencia o en un lugar proporcionado por el Programa. Para este fin se cuenta con personal policial de diferentes niveles jerárquicos y equipos tácticos de la policía  distribuidos a nivel nacional.

 

           
           
           
 

 

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