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AECID

Proyecto Plan Plurianual del Fondo de Fortalecimiento Institucional del Sector Justicia UTE, Año II, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

A finales del año 2010 la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y Seguridad, delegó en la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), la coordinación del proceso de análisis de situación para la identificación de las áreas de cooperación prioritarias que deberían abordarse entre el Sector de Justicia y Seguridad de El Salvador y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para el período 2011-2014.

En ese marco de diálogo interinstitucional se identificaron cuatro grandes áreas de cooperación que a la postre vertebraron la propuesta del “Plan Plurianual del Fondo de Fortalecimiento Institucional”, siendo éstas:

1. Transparencia, rendición de cuentas, prevención y combate de la corrupción.
2. Prevención del delito y la violencia con participación ciudadana.
3. Combate y represión del delito (con énfasis en el fortalecimiento de la investigación científica del delito).
4. Fortalecimiento de la ejecución de sanciones y medidas penales y de los servicios del sistema penitenciario.

Para el desarrollo de las cuatro áreas, se asignaron distintas unidades ejecutoras, donde se estableció que la UTE se responsabilizaba de la línea de intervención uno denominada: “Transparencia, rendición de cuentas, prevención y combate de la corrupción”.

Esta iniciativa Plurianual está dirigida hacia el fortalecimiento del Sector de Justicia y Seguridad e incluye a todas las instituciones que integran la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia: Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Procuraduría General de Republica (PGR), Fiscalía General de la Republica (FGR) y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Se trata de una intervención íntegramente sectorial donde los objetivos, resultados y actividades programadas responden a las líneas estratégicas establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo de El Salvador 2010-2014; y a las prioridades del Marco de Asociación El Salvador – España, así como a los lineamientos establecidos en la propuesta de política del Sector de Justicia y Seguridad.

Esta iniciativa está dirigida hacia el fortalecimiento del Sector de Justicia y Seguridad e incluye a todas las instituciones que integran la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia: Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Procuraduría General de Republica (PGR), Fiscalía General de la Republica (FGR) y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Se trata de una intervención íntegramente sectorial donde los objetivos, resultados y actividades programadas responden a las líneas estratégicas establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo de El Salvador 2010-2014; y a las prioridades del Marco de Asociación El Salvador – España, así como a los lineamientos establecidos en la propuesta de política del Sector de Justicia y Seguridad.

Los objetivos del componente uno del Plan Plurianual son los siguientes:

General: Mejorada la efectividad de las instituciones del Sector de Justicia para la prevención y combate de la corrupción.

Específicos:

1.Fortalecidos los sistemas de control interno que estén orientados a la prevención y combate a la corrupción en las instituciones del Sector de Justicia.
2.Desarrollados la cultura de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en las Instituciones y para la ciudadanía.
3.Fortalecidas las condiciones y mecanismos institucionales para el desarrollo profesional y formación del recurso humano para la prevención de la corrupción en el Sector de Justicia. 4.Fortalecido el APVT.

En el año 2013, se finalizó con la primera intervención del componente I del Plan Plurianual ejecutado por UTE, en el que se lograron impulsar acciones a nivel de Sector de Justicia que contribuyeron de manera significativa en el tema de prevención y combate de la corrupción en la administración pública.

Específicamente, en lo referido al mejoramiento del Acceso a la Información Pública y en el fortalecimiento del Programa de Protección a Víctimas y Testigos para el mejoramiento de las calidad, eficacia y eficiencia del servicio brindado así como en la preparación sectorial de las Unidades de Recursos Humanos para la futura implementación de una nueva Ley de la Función Pública.

De esta forma, a partir del período 2014 da inicio la ejecución del Plan Plurianual año II_UTE, con el fin de brindar seguimiento y continuar realizando acciones que permitan mejorar la efectividad de las instituciones del Sector de Justicia, mediante la promoción de la transparencia en la gestión pública, la prevención y lucha contra la corrupción.  En síntesis esta segunda intervención tiene como objetivos,  apoyar en el desarrollo de una cultura de transparencia institucional, en el marco del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, apoyar los esfuerzos encaminados a la modernización de las instituciones del Estado, particularmente las del Sector Justicia, además de fortalecer el capital humano del sector en la temática de Gestión Pública; y fortalecer de  manera  integral, conforme a ley, los servicios del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

En el año 2013, se finalizó con la primera intervención del componente I del Plan Plurianual ejecutado por UTE, en el que se lograron impulsar acciones a nivel de Sector de Justicia que contribuyeron de manera significativa en el tema de prevención y combate de la corrupción en la administración pública.

Específicamente, en lo referido al mejoramiento del Acceso a la Información Pública y en el fortalecimiento del Programa de Protección a Víctimas y Testigos para el mejoramiento de las calidad, eficacia y eficiencia del servicio brindado así como en la preparación sectorial de las Unidades de Recursos Humanos para la futura implementación de una nueva Ley de la Función Pública.

De esta forma, a partir del período 2014 da inicio la ejecución del Plan Plurianual año II_UTE, con el fin de brindar seguimiento y continuar realizando acciones que permitan mejorar la efectividad de las instituciones del Sector de Justicia, mediante la promoción de la transparencia en la gestión pública, la prevención y lucha contra la corrupción. En síntesis esta segunda intervención tiene como objetivos, apoyar en el desarrollo de una cultura de transparencia institucional, en el marco del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, apoyar los esfuerzos encaminados a la modernización de las instituciones del Estado, particularmente las del Sector Justicia, además de fortalecer el capital humano del sector en la temática de Gestión Pública; y fortalecer de manera integral, conforme a ley, los servicios del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

De acuerdo a lo anterior, la presente consultoría se enmarca en el objetivo específico número 3 del Proyecto, relacionado a fortalecer la capacidad del personal, la seguridad de los usuarios, y hacer más eficaz y eficiente los servicios que se prestan contribuyendo con ello al componente número tres del Plan Plurianual en totalidad 1. Combate y represión del delito (con énfasis en el fortalecimiento de la investigación científica del delito).

El problemática central que se desea abordar en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, con la presente consultoría, es que “los servicios ofrecidos a sus usuarios requieren una visión integral, con protocolos validados acordes a las necesidades de los usuarios”.

Este proyecto contempla tres resultados Orientados a : 1- Rendición de Cuentas con relación a la Ley de Acceso a la Información Pública en el Sector de Justicia, 2- Desarrollo de la Primera Maestría en Gerencia Pública, Justicia y Seguridad y 3- Fortalecimiento de Capacidades de Funcionarios relacionados con el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos. El período de ejecución del proyecto antes mencionado es del 01 de febrero de 2014 al 30 de junio de 2015, el monto al cual asciende es de $175,000.00

 

Primera Maestría en Gerencia Pública, Justicia y Seguridad


 

Conversatorio sobre Planificación Estratégica

 

Talleres relacionados al fortalecimiento de capacidades de Funcionarios del Programa de Protección de Víctimas y Testigos

Nombre del proyecto: Apoyo a las Instituciones del Sector de Justicia a Través de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) para el fortalecimiento de los procesos de atención a víctimas de violencia de género y de judicialización de casos de feminicidio y violaciones sexuales.

El proyecto está dirigido al fortalecimiento de todas las instituciones que integran la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, y otras afines, en dos aspectos relacionados con la protección de los derechos de las mujeres: (i) El desarrollo de un sistema adecuado de atención a las víctimas de violencia basada en género, especialmente de violencia sexual, y (ii) El mejoramiento de la administración de los procesos judiciales en los delitos de feminicidio.

A nivel global se pretenden los siguientes resultados: a) Aumentar los niveles de especialización técnica del personal de las instituciones del Sector de Justicia, en materia de atención a víctimas de violencia de género, con énfasis en las Unidades Institucionales de Atención Especializada para las Mujeres (UAIEMs) del Sector de Justicia y en coordinación con aquellas del Programa Ciudad Mujer. Para tal fin, el proyecto se enfocará en fortalecer estas instancias de atención con formación, protocolos de actuación y coordinación con otras instituciones del sistema de justicia, recolección de datos estadísticos y elaboración de los lineamientos técnicos y operativos para el servicio que brindan.

b) Aumentar las capacidades institucionales del Sector de Justicia para incrementar y mejorar los procesos de judicialización en los casos de feminicidio y violaciones sexuales. Este resultado es abordado desde una perspectiva amplia y sectorial, dándole la prioridad a la procuración de justicia en los casos de los delitos antes mencionados, enfocándose en sensibilizar a los operadores de justicia sobre violencia basada en género, fortalecer las capacidades de los funcionarios en la interpretación y aplicación de Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, junto con la legislación internacional vigente así como de la articulación para la aplicación del protocolo único de actuación en los casos de Feminicidio.

Un aspecto importante a destacar de la presente intervención es que se trata de un proyecto íntegramente sectorial donde los objetivos, resultados y actividades programadas responden a las líneas estratégicas establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014; y a las prioridades del Marco de Asociación de País El Salvador – España (MAP), y responde específicamente al déficit observado en las instituciones del Sector de Justicia y afines, en lo relativo a la atención integral que mandata la nueva legislación relacionada con los derechos de las mujeres víctimas de violencia basada en género, especialmente de violencia sexual; asimismo, responde a la necesidad de fortalecer elementos de los procesos judiciales relativos a los delitos de feminicidio, caracterizados por bajos niveles de condena que entre otras razones se debe a debilidad en la presentación de casos.

Por otro lado, esta intervención ha sido diseñada con el aporte de las instituciones beneficiarias miembros de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, bajo la coordinación de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) y con la asesoría del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la cual acompañará a la UTE en su calidad de institución rectora y brindando asesoría especializada durante toda la ejecución de la intervención.

Para el desarrollo de este plan, la coordinación interinstitucional constituye la estrategia principal y esencial de ejecución, en las que habrá acciones en donde las instituciones del Sector de Justicia se convertirán en líderes de la ejecución sectorial bajo la coordinación de la UTE y el asesoramiento de ISDEMU. Justificación:

Con la nueva legislación destinada a la defensa de los derechos de las mujeres, generada en El Salvador a partir del año 2010: Ley Especial Integral para una Vida de Violencia para las Mujeres (LEIV) y Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), se han planteado grandes desafíos al país y especialmente a las instituciones operadoras del sector de justicia, por cuanto su aplicación requiere marcos generales e institucionales funcionando con enfoque de género y que dispongan de condiciones y capacidades institucionales que permitan atender de forma adecuada y justa a las mujeres víctimas de violencia, así como en la adecuada procuración de justicia en los delitos relacionados.

Ello requiere que los funcionarios y el personal de las Instituciones comprendan que la atención adecuada y la administración de justicia en los casos de mujeres víctimas es un componente esencial para la prevención, atención y sanción de la violencia social en todas sus formas, porque atiende el núcleo social primario, el ámbito familiar en el que se reproduce, y que el feminicidio es la expresión última de una cadena familiar y social de comportamientos violentos y abusivos; que su tipificación, investigación, tratamiento de víctimas y el debido juzgamiento, son esenciales en la sociedad para el ejercicio de una justicia integral.

Por otro lado, y con el afán de comprender la situación de violencia contra las mujeres en el país, se plantea cada vez más necesario el sistema nacional de datos, estadísticas e indicadores de violencia contra las mujeres, que se encuentra en su etapa de validación bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Dirección General de Estadísticas y Censos y el ISDEMU, y del cual se reporta en el Informe sobre el Estado y Situación de la violencia contra las Mujeres en El Salvador, que “persisten una serie de dificultades, al no existir un sistema único y homologado de captura y procesamiento de la información, entre las instituciones que tienen obligación de reportar información sobre diferentes tipos y modalidades de violencia contra las mujeres”.

Este contexto adverso para la obtención de la información homologada y validada institucionalmente sobre la situación de violencia contra las mujeres, no permite que algunos de los tipos y modalidades que introduce la LEIV, sean adecuadamente registrados por las instituciones competentes, por lo que el sub-registro o vacío de información continúa siendo uno de los principales obstáculos para conocer las dimensiones y el impacto de la violencia contra las mujeres en el país.

Población Objetivo y Ubicación Geográfica Como beneficiarios directos del proyecto se consideran las instituciones salvadoreñas del Sector de Justicia que van a recibir apoyo técnico para su fortalecimiento y el mejoramiento de sus capacidades institucionales y humanas. El éxito de la intervención descansa en gran medida en la capacidad de coordinación interinstitucional, constituyéndose en la estrategia principal y esencial de ejecución. Las instituciones que participarán en el proyecto son:

  Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3
Nombre: Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE) Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) Instituciones de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y afines
A titulo de: Socio Implementador y Coordinador del Proyecto. Institución Asesora en la ejecución del Proyecto Beneficiarias/ Ejecutoras de Acciones del Proyecto

 

Indirectamente y en un plazo medio se considera será especialmente beneficiada un poco más de la mitad de la población salvadoreña, constituida por mujeres, en la medida en que se prevé lograr con el proyecto una adecuada atención a las mujeres víctimas, mientras que la efectiva judicialización de los casos de violencia, especialmente en lo relativo al delito de feminicidio, se espera reduzca la impunidad y ello redunde en la reducción de las cifras de delitos violentos, generando a la vez mayores niveles de seguridad.

El proyecto tiene una cobertura nacional, tomando en consideración que las instituciones del Sector de Justicia y Seguridad tienen instaladas oficinas en los 14 departamentos del país.

Objetivos

La presente intervención adopta una estrategia de trabajo en los dos principales componentes de la misma, destinando un objetivo específico para cada una de estos, estructurados bajo un objetivo general, así:

Objetivo General

Fortalecer la institucionalidad del Sector de Justicia para mejorar la atención a víctimas de violencia basada en género y la procuración de justicia en los casos de Feminicidio contribuyendo a la reducción de la violencia contra las mujeres.

Objetivos Específicos

1. Fortalecer el Sector de Justicia e instituciones relacionadas, para mejorar la atención a las víctimas de violencia basada en género.

2. Fortalecer el Sector de Justicia en la procuración de justicia en los casos de Feminicidio.

 

 

           
           
           
 

 

Nuestra ubicación

Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia
7a. Calle Poniente N° 5143, Colonia Escalón.
San Salvador, República de El Salvador, C. A.
PBX: 2204-7600, 2263-2144

 

 
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