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USAID

ASOCIO PARA EL CRECIMIENTO (USAID).

Es el Acuerdo o Plan de Acción firmado entre los Gobiernos de los Estados Unidos y El Salvador, el 3 de Noviembre de 2011, que destaca por su apuesta decidida por reducir la lucha contra la criminalidad y la inseguridad en El Salvador. Para lograr los objetivos de este Plan Conjunto se han establecido 20 metas a lograr en los próximos cuatro años.

La UTE ha sido designada como responsable de la Meta 1 y Meta 2 que tratan principalmente de la profesionalización del recurso humano del Sector y de la mejora de prácticas y procesos institucionales.

Sobre la propuesta unificada de dichas metas se estructura el trabajo sectorial que realiza la Unidad Técnica Ejecutiva siendo ésta la siguiente:

Meta #1 y #2 (Unificada): Fortalecer y profesionalizar las instituciones del Sector de Justicia, para el combate efectivo e integral de la criminalidad, mejorando los procedimientos, prácticas institucionales y legales, con el fin de lograr un incremento de la seguridad del pueblo salvadoreño y mejorar la percepción ciudadana sobre las instituciones del Sector de Justicia.

Para tal fin la Unidad Técnica Ejecutiva, entre noviembre de 2012 y febrero de 2013 conformó el Comité Interinstitucional Coordinador para la ejecución del Proyecto de USAID que daría vida al Asocio para el Crecimiento, así como cinco Subcomités Interinstitucionales Especializados siendo éstos: Procedimientos y prácticas institucionales de Justicia y Seguridad, Mecanismos de transparencia y Control Interno, Datos y Análisis Estadístico, Formadores, Comunicadores.

A partir de esta organización se formularon los “Lineamientos estratégicos del Sector de Justicia para la Ejecución de la Meta 1 y 2 del Asocio Para el Crecimiento”, documento que está sirviendo de fundamento en la orientación y priorización de las actividades que se realizan en el contexto del Proyecto de USAID para el Fortalecimiento del Sector Justicia 2013-2018.

 


 

PROYECTO DE USAID PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR JUSTICIA 2013-2018.

Proyecto con apoyo técnico y logístico de USAID/CHECCHI

El Objetivo General del Proyecto es satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de un sistema de justicia efectivo, cohesivo y transparente. Está siendo ejecutado por la empresa Checchi and Company Consulting, por una duración de 5 años, entre el 4 de Marzo 2013 a 3 de Marzo 2018, por un monto de 21.4 millones de dólares.

El proyecto tiene dos componentes principales:
a- Apoyo las reformas del nuevo Código de Procedimientos Penales
b- Transparencia judicial.
Además, se incorporó un componente transversal para promover la participación ciudadana e identificar mecanismos para ejecutar proyectos a través del Gobierno y sociedad civil.

UN PRIMER COMPONENTE DE REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL.
En este componente se pretende reforzar los compromisos estipulados por el Gobierno de los EE.UU y el Gobierno de El Salvador en la Asociación para el Crecimiento, concentrándose en elevar los estándares de los profesionales, mejorar las investigaciones penales mediante el empleo de la evidencia científica en los procesos y en mejorar los procedimientos de gestión de casos de acuerdo a la Política de Persecución Penal.

Dentro de este componente uno se trabajara en propiciar la mejora de las medidas de coordinación de los operadores del sector judicial apoyando la implementación de una planificación en todo el sector que logre una visión común con respecto a la justicia penal y además apoyo para el fortalecimiento de las Escuelas de Capacitación, a través de Programas de Liderazgo y Gestión de Cambios.

El componente también apoyara al sector en actividades enfocadas a la mejora de los Procedimientos y Practicas actuales de la Justicia Penal, fortaleciendo las iniciativas ya implementadas en el Proyecto anterior como las Unidades y Centros de atención a víctimas de violencia sexual, de género y doméstica y expandiéndolas a nivel nacional, al igual con los centros de mediación ya creados y su expansión al interior del país y la continuación para los proyectos de mejora en la administración de tribunales penales y del Instituto de Medicina Legal.

Se le dará continuidad a la Filosofía de Policía Comunitaria, mediante el fortalecimiento del modelo y su ampliación a 25 nuevas delegaciones siempre propiciando el trabajo conjunto de la Policía y los Consejos de Prevención y a la incorporación de nuevos proyectos importantes para la comunidad como son Escuela Segura, Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Genero, creación de 15 Unidades de atención para la Mujer en Delegaciones o Subdelegaciones del País.

UN SEGUNDO COMPONENTE DE TRANSPARENCIA JUDICIAL.
Para desarrollar este componente se fortalecerá la Aplicación de la Ley de Enriquecimiento Ilícito e Investigación, mediante la elaboración de un Diagnostico para evaluar la realidad actual y el Fortalecimiento del recurso humano y material de las Unidades de Probidad, Investigación Profesional y Judicial, apoyo para la mejora del sistema de Evaluación de Jueces por el Consejo Judicial; y por otro lado el fortalecimiento de las capacidades, eficiencia y Rendición de Cuentas de los Tribunales, a través de la mejora en gestión de los casos, el fortalecimiento de la Oficina de Acceso a la Información Pública y el Programa de capacitación judicial sobre transparencia y otros procedimientos y políticas, entre otros temas.

UN TERCER COMPONENTE SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, APROPIACIÓN DEL PAÍS ANFITRIÓN Y VENTANAS DE OPORTUNIDAD.
Enfocado a desarrollar mecanismos de trabajo conjunto entre el Sector de Justicia y Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante su incorporación en los proyectos de atención a víctimas, Observatorios de Justicia, y otras iniciativas como monitoreo y evaluación, formación de operadores de justicia, entre otros, así como al apoyo en la realización de campañas de divulgación e incidencia ciudadana encaminadas a incrementar la participación de la sociedad civil en políticas públicas, apoyando esfuerzos como atención a los usuarios y a realizar estudios de viabilidad para definir posibles mecanismos donde USAID/El Salvador pueda ejecutar proyectos directamente con el Gobierno de El Salvador y Organizaciones de la Sociedad Civil que incluirá la realización de talleres de capacitación para familiarizar a posibles beneficiarios sobre las políticas y procedimientos asociados con el financiamiento de actividades por USAID.

 

 


 

USAID / PASCA.

El PROGRAMA PARA FORTALECER LA RESPUESTA CENTROAMERICANA AL VIH, apoya el trabajo de la Mesa de Género del Sector de Justicia e instituciones afines, en razón de que la violencia basada en género es considerada como uno de los factores de multiplicación del VIH, por lo que es vital la capacitación y reflexión sobre la materia.

Mediante trabajo conjunto de la MESA con USAID/PASCA, se ha generado una RUTA CRITICA PARA IMPLEMENTACION EN EL SECTOR DE JUSTICIA Y SALUD, DE LA GUIA DE PROFILAXIS POST EXPOSICION AL VIH DURANTE LA ATENCION EN EL SISTEMA DE JUSTICIA E INSTITUCIONES AFINES, A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.

También se ha trabajado en la estructuración de un plan de trabajo para la Mesa.

 

 


 

Proyecto de Fortalecimiento del Sector de Justicia para la prevención y atención de la violencia basada en género con énfasis en mujeres y poblaciones en mayor riesgo

La presente intervención está dirigida al fortalecimiento de todas las instituciones que integran la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, y otras afines, en la prevención y atención de la violencia basada en género con especial énfasis en mujeres y poblaciones en mayor riesgo (PEMAR).

Para la consecución de tal objetivo se plantean acciones en dos fases: i) acciones a corto plazo (ejecución entre Julio 2014 y Enero 2015) y ii) acciones a mediano plazo (ejecución a partir de Febrero de 2015 por un período de 12 a 18 meses).

En ambas fases, corto y mediano plazo, los ámbitos de acción son cuatro:

1. Sensibilización y Formación a jueces, fiscales y operadores del sector de justicia en legislación nacional e internacional existente sobre género y violencia basada en género, y en particular en estigma y discriminación.

2. Establecimiento de un sistema claro de red de referencias para casos de violencia basada en género en especial violencia sexual, explotación y trata de mujeres y poblaciones en mayor riesgo.

3. Desarrollar conjuntamente con las poblaciones clave (mujeres y poblaciones en mayor riesgo) así como con proveedores de servicios, estrategias de comunicación para la divulgación efectiva de leyes, derechos y servicios de apoyo existentes.

4. Análisis Jurídico de políticas, leyes y normativas existentes sobre violencia basada en género, estigma y discriminación, así como diagnóstico sobre acceso a la Justicia para poblaciones clave (mujeres y poblaciones en mayor riesgo).

Un aspecto importante a destacar de la presente intervención es que se trata de un proyecto íntegramente sectorial donde los objetivos, resultados y actividades programadas responden a las líneas estratégicas de trabajo validadas por la “MESA DE GÉNERO DEL SECTOR DE JUSTICIA E INSTITUCIONES AFINES” cuya amplia representatividad asegura la ejecución de las actividades con la participación de un gran número de actores del Sector de Justicia e Instituciones vinculadas en la temática en mención como puede ser el Misterio de Salud Pública y FOSALUD.

4. Justificación de la intervención

Investigaciones realizadas en Centroamérica, muestran la prevalencia de la violencia basada en género y las consecuencias de ésta en el desarrollo de casi todos los aspectos de las políticas y programas de salud y justicia que puedan desarrollarse. Particularmente, la violencia física y sexual no solo produce morbilidad y mortalidad significativas en las mujeres y niños, sino que también en las poblaciones en más alto riesgo, lo cual además exacerba la transmisión del VIH.

Adicionalmente, se tiene la percepción de que las instituciones que conforman el Sector de Justicia constituyen uno de los sectores mayormente señalados como deficitario la atención que debe brindarse a las personas que han sufrido violencia basada en género, especialmente en circunstancias de violencia sexual y en la particular en la atención a poblaciones en mayor riesgo.

La legislación específica de protección de los derechos de las mujeres, de reciente vigencia, no ha sido lo suficientemente promovida y divulgada, agravándose dicha situación en el caso de poblaciones en mayor riesgo, lo cual invisibiliza los problemas de aplicabilidad de la normativa, en algunos casos y de acceso a la justicia, en otros.

En consecuencia, se considera de especial importancia el fortalecimiento de la capacidad institucional del Sector de Justicia, para mejorar la prevención y atención a las víctimas de violencia sexual y todos los tipos de violencia basada en género, atención que debe desarrollarse con un enfoque inclusivo, atendiendo a las peculiaridades de las poblaciones en más alto riesgo; asimismo, es vital la mayor divulgación de la normativa que protege los derechos de dicha población en mención.

Población Objetivo y Ubicación Geográfica

Como beneficiarios directos del proyecto se consideran las instituciones salvadoreñas del Sector de Justicia que van a recibir apoyo técnico para su fortalecimiento y el mejoramiento de sus capacidades institucionales y humanas. (Ver Anexo I).

El éxito de la intervención descansa en gran medida en la capacidad de coordinación interinstitucional, constituyéndose en la estrategia principal y esencial de ejecución.

Objetivo General:

Apoyar y coordinar esfuerzos para el desarrollo la capacidad del Sector de Justicia en materia de prevención y atención de la violencia basada en género contra las mujeres y poblaciones en más alto riesgo (PEMAR). Objetivos Específicos:

1. Apoyar el desarrollo en el Sector de Justicia, de la institucionalidad de género y atención a violencia contra las mujeres y poblaciones en mayor riesgo.

2. Revisar la normativa de protección de los derechos de las mujeres y de poblaciones en mayor riesgo, con vistas a proponer iniciativas de reforma con enfoque inclusivo.

3. Masificar de la divulgación de la normativa que protege los derechos de las mujeres y de poblaciones en mayor riesgo.

4. Apoyar el conocimiento generalizado de la violencia basada en género así como de la institucionalidad instaurada para la atención a víctimas de violencia basada en género y particularmente víctimas de violencia sexual.

A nivel de la Mesa de Género, se desarrollan 7 eventos de capacitación, uno por me, de dos días cada uno, para 45 personas, con los temas siguientes:

1-Derechos Humanos,
2-Estigma y Discriminación/ Derechos sexuales y reproductivos
3-Construcción Social del Género
4-Violencia Basada en Género,
5-Trata como reflejo de la Violencia Basada en Género,
6-Masculinidades, y
7-Autocuido).

El contenido de todos los talleres de capacitación será sistematizado para poder ser utilizado posteriormente el material en la replicación de los temas en cada institución.

Asimismo contempla Jornadas de Incidencia a operadores del Sector de Justicia / Talleres de sensibilización a jueces y fiscales con especialistas internacionales sobre Violencia Basada en Género, estigma y discriminación en las cuatro zonas del país.

El proyecto apoya el diseño de Plan estratégico de Comunicaciones que entre otros elementos puede contener: Campaña de la Mesa sobre sobre Acceso a la Justicia en casos de Violencia Basada en Género, y puede incluir los contenidos relativos a los 3 días claves para la aplicación de la profilaxis post exposición al VIH, así como la temática de estigma y discriminación. La campaña se desarrollaría en coordinación con las poblaciones clave y proveedores de servicios y atención a Poblaciones en Mayor Riesgo.

En cuanto a la producción de materiales para divulgación, se ha considerado producir materiales que faciliten la lectura a toda la población, independientemente de su nivel cultural, así como la reproducción de legislación existente en su versión oficial,, en formato de una recopilación de normativa internacional y nacional relacionada con Poblaciones en Mayor Riesgo.

En materia legal, en una primera fase se trabajará en un Diagnóstico sobre vulneración de derechos y dificultades de acceso a la justicia relacionada con Violencia Basada en Género. (Incluye levantamiento de información con las poblaciones clave y proveedores de servicios y atención a Poblaciones en Mayor Riesgo); para ello se realizará un perfil del estudio interno, desarrollando para ello dos talleres: 1) para la identificación de la población y 2) estudiar cuáles serán las instituciones meta, así también se elaborará un cronograma de trabajo de acercamiento, la identificación de resultados finales y se realizará un ejercicio con grupos focales.

Se fortalecerá el acceso de mujeres y grupos PEMAR a los servicios de las unidades de atención, mediante la producción y puesta a disposición de dichas poblaciones, de instrumentos informativos sobre los servicios y forma de acceder a ellos.

           
           
           
 

 

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