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Implementación de Normativas de Interés Sectorial

Desde su creación y particularmente en los últimos años la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, por medio de la UTE, ha apoyado diferentes procesos de creación, revisión integral y reforma de instrumentos legales, para dar respuesta a necesidades del país dentro del marco constitucional e internacional.

A su vez, tanto la Comisión como la UTE han coordinado diversos procesos de implementación de normativas que con la contribución de las instituciones del Sector y el respaldo de organismos internacionales han alcanzado resultados satisfactorios; entre ellos se pueden citar los casos del pasado y vigente Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil, el Código de Familia y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, entre otros cuerpos legales.

Y es que no debe olvidarse que la creación o reforma de un cuerpo normativo obedece, por lo general, a la aspiración de proteger con mayor acierto bienes jurídicos relevantes, y para lograrlo es fundamental planificar y coordinar los esfuerzos necesarios para obtener los resultados esperados; sobre todo tratándose de temas vinculados a la administración de justicia del país.

Ahora bien, para hacer más efectiva la respuesta operativa de las instituciones del sistema de administración de justicia y sus funcionarios al quehacer legislativo se desarrollará en los próximos meses un proceso orientado a la definición de lineamientos sobre implementación de normativas de interés sectorial, que faciliten una oportuna, uniforme y efectiva implementación de las leyes pertinentes, no obstante la diversidad de temáticas a las que éstas se refieran.

La aprobación de tales lineamientos por la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia resultará estratégica, pues facilitará la adecuada aplicación de nuevas leyes y de sus reformas sustanciales fortaleciendo la capacidad técnica de los funcionarios del Sector para adoptar las decisiones oportunas y convenientes en la materia, con base en las experiencias positivas y las buenas prácticas de esfuerzos anteriores de similar naturaleza, lo cual beneficiará a los usuarios de la administración de justicia.

           
           
           
 

 

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